La talidomida empezó a
suministrarse en los años cincuenta, y era prescrita para aliviar las náuseas y
vómitos que sufren las mujeres embarazadas. Pocos años después, comenzaron a
verse los terribles efectos que producía. Hablamos de graves malformaciones en
las extremidades de algunos de los niños. El 40% de los hijos de las mujeres
que tomaron el medicamento fallecía en el primer año de vida debido a las
graves secuelas que producía en su organismo.
Hay que dejar constancia,
que cuando el laboratorio farmacéutico Grünenthal, comenzó a distribuir la
talidomida en España, ya tenía la información necesaria que desaconsejaba el
uso del medicamento, pese a ello lo hizo, algo desde mi punto de vista
convierte en acción criminal la decisión tomada por la poderosa corporación alemana.
Desde entonces, los miles
de afectados de la propia Alemania, Japón o Australia, han cobrado del
laboratorio indemnizaciones millonarias sin ni siquiera recurrir a la vía
judicial, esas mismas que ahora niegan a los afectados españoles.
Desde que en una primera
sentencia, un juzgado de Madrid había dado la razón a los afectados por la
aparición de nuevas secuelas y obligaba a Grünenthal a pagar a cada afectado
20.000 euros por punto de minusvalía reconocida, todo se les ha vuelto en
contra a los afectados. La Audiencia Provincial de Madrid, consideró el año
pasado que todo el caso estaba prescrito, cosa que ha ratificado ahora el
Tribunal Supremo. A los afectados ya solo les queda la posibilidad de ir al
Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos.
Estamos ante un caso, que
lo que demuestra claramente, es la escasa fuerza de España en el panorama
internacional, pues si a otros países amigos, Alemania si ha obligado a su
laboratorio a pagar, a nosotros nos lo niegan incluso recurriendo a los
tribunales. Y mientras tanto, los responsables de haber causado tanto dolor a
miles de nuestros compatriotas, siguen vendiendo sus productos tan ricamente,
algo que a los ciudadanos de bien nos debería indignar.
