El pasado mes de noviembre,
una juez de Primera Instancia condenó a la farmacéutica Grünenthal a pagar 204
millones de euros a los afectados por la Talidomida, un medicamento que se le
daba a las embarazadas para combatir las náuseas.
Ahora, la Audiencia
Provincial de Madrid ha revocado dicha sentencia en una resolución que ignora
el gran drama de los afectados por un medicamento criminal, que tras ser
retirado en Alemania por sus terribles efectos, el mencionado laboratorio
alemán siguió vendiéndolo en España con premeditación y alevosía, pues lo hizo
cambiándole el nombre.
La resolución considera
prescritos los hechos, ya que el juicio se inició después de que pasaran 57
años después de que naciera la primera víctima, y encima cuestiona la relación
entre el fármaco y las deformaciones de las víctimas. Teniendo en cuenta, que
la farmacéutica estaba obligada a pagar 20.000 euros por grado de discapacidad
de los afectados, de entrada se ahorra 204 millones de euros hasta que el
Supremo decida. Es evidente, que con un mínimo porcentaje de lo que tenían que
pagar se pueden comprar muchas voluntades.
Nadie habla de los 5.000
bebés que mató la Talidomida, algo que no prescribe. Afortunadamente cabe la
posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.
España puede convertirse en
el único país donde no se indemnice a las víctimas de la Talidomida, recordemos
que en Alemania llevan recibidos más de 600 millones de euros. Y luego nos
dicen que somos europeos de primera, más bien diría yo que de 2ª o 3ª.
Si el Tribunal Supremo no
rectifica y anula la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, estaremos
ante una de esas injusticias difíciles de olvidar.
