La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, conllevará la nacionalización de alrededor de 250.000 hijos o nietos de exiliados, quienes este infame Gobierno pretende que puedan votar en las elecciones generales de diciembre de 2023. Unas elecciones en las que a tenor de las encuestas Sánchez tiene muy complicado reeditar su mandato. Por ello, la compra de este cuarto de millón de votos, le vendrá muy bien. Como vemos, siempre haciendo trampas, un comportamiento que está en el ADN de la izquierda española. Por ello, el Gobierno ha dado la orden de reforzar los consulados en previsión de la avalancha de peticiones de nacionalidad española.
Conceder la doble nacionalidad a miles de hispanos, supondrá un aluvión de votos presumiblemente de izquierdas o nacionalistas, dado el carácter de la emigración que salió de nuestro país tras la Guerra Civil o durante el franquismo. Para ejercer su derecho al sufragio, estos nuevos españoles actuarían desde sus países de origen como españoles residentes en el exterior que pueden votar directamente en los consulados.
Sánchez lo tiene todo muy calculado, pues hasta la izquierdista Indra se ocupará del recuento, empresa que está en manos del Gobierno desde el pasado mes de junio a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dominio reforzado por el 4,1% del capital en manos de Prisa, cuarto máximo accionista de la compañía y conocido conglomerado de medios tóxicos que siempre apoyan y son cómplices de lo que cualquier gobierno de izquierdas, socialista o comunista, pretenda perpetrar contra nuestra nación.
Sería recomendable que, PP y Vox, se pusieran de acuerdo para cubrir con interventores todas las mesas del territorio nacional, para así disponer de todas las actas de escrutinio y poder realizar un recuento paralelo al oficial, ya que no es en absoluto descartable que desde el Gobierno se intenten manipular los resultados, lo que popularmente se conoce como “pucherazo”.