Tenía que ocurrir en una república de la américa hispana, en una zona donde la izquierda lleva ya demasiado tiempo desestabilizando las débiles democracias que pretenden consolidarse. Lo ocurrido en la embajada mejicana de Quito, crea un precedente muy peligroso a nivel global en el ámbito diplomático. Si alguien se refugia en una embajada y ese país le concede asilo político, esa persona pasa a ser intocable.
Independientemente de cual sea la ideología política de los actuales gobiernos de Ecuador o de Méjico, la decisión del gobierno ecuatoriano de asaltar la embajada mejicana, ejercer la violencia contra el personal de la legación y apresar al asilado, supone un antes y un después, un precedente que de ser copiado por otros países, les quitará en el futuro una de las pocas bazas que les quedaban a los perseguidos por regímenes no democráticos.
El protagonista de esta historia, Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, está procesado por un presunto caso de corrupción, había estado en la cárcel entre los años 2017 y 2022 por dos condenas vigentes por delitos que él rechaza, alegando que simplemente es víctima de una persecución política en su contra.
Lo evidente, es que Ecuador ha violado gravemente el derecho internacional y la soberanía de Méjico, por ello, nada más conocer lo sucedido, el presidente mejicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el país andino en señal de protesta.
La versión que defiende el Gobierno de Ecuador es que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político y que Glas ha sido condenado con sentencia firme y estaba en busca y captura según una orden emitida por las autoridades competentes. Para ellos, se ha «abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática» y puesto que el asilo a Glas es «contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura».