En el Congreso, continúa la
polémica sobre el informe sobre adoctrinamiento en las aulas catalanas
elaborado por la Alta Inspección del Ministerio de Educación, ese informe, que
el gobierno de Mariano Rajoy mantuvo oculto en un cajón para no tener que tomar
medidas.
Ante la insistencia de la
oposición, la ministra de Educación, Isabel Celaá, portavoz del actual
Gobierno, otro Ejecutivo que tampoco quiere tomar medidas, se ha dedicado a
criticar por «falta de rigor» el informe, y así justificar, que siga
sin hacerse público, incluso ha llegado a acusar de «mala fe» a los
abnegados funcionarios de su ministerio que lo elaboraron.
Manuel Blanco, uno de los
autores del informe, y ex director de la Alta Inspección en Baleares, ha
lamentado que con estas declaraciones se esté «poniendo en tela de juicio
la independencia de un funcionario» y el «honor de una persona»
y ha señalado que el texto «no iba contra nadie» ni tenía
«finalidad persecutoria». «Estas palabras están totalmente fuera
de lugar», ha dicho antes de afirmar que está «dolido» y de
insistir en que «no puede dejar a los pies de los caballos» a los que
han estado trabajando por garantizar la educación en nuestro país.
Resulta deleznable, que una
ministra recién llegada, cuestione la profesionalidad de quienes conocen el
sistema educativo, y lo hace, para ni
siquiera plantearse la posibilidad de recuperar las competencias educativas,
para que el Estado pueda garantizar el derecho a la educación en condiciones de
igualdad, y así erradicar el adoctrinamiento separatista.
Lo cierto es, que el citado
informe de la Alta Inspección del Ministerio de Educación, en el que se
concluye que hay manuales escolares en Cataluña que contravienen la Constitución
e incitan al separatismo, también es aplicable a las Islas Baleares, de hecho,
la formación política, ACTUA Baleares, denuncia que las editoriales catalanas y
los contenidos que se incluyen en el informe, también se utilizan en Baleares
«para adoctrinar en el pancatalanismo».
Los culpables de esta
situación, son ambos partidos, el Partido Popular, y ahora, el PSOE. Circulo
Balear, lleva veinte años denunciando lo que pasaba en las Islas ante los
gobiernos del PP, y estos, han dejado siempre en la más absoluta indefensión a
las familias que se han quejado por el adoctrinamiento nacionalista.
Tanto el PP como el PSOE, a
nivel autonómico y a nivel nacional, llevan décadas vendiendo la educación a un
separatismo, que quiere convertir a los ciudadanos de Baleares en catalanes
independentistas. El viejo bipartidismo es el culpable, de que en todas las
CCAA con lengua propia, se esté expulsando al español de la Educación, y se les
esté negando a los padres su sagrado y constitucional derecho de elegir en qué
lengua quieren que se eduquen sus hijos.
Pablo Casado, podrá decir
ahora misa, pero mientras no mande a su casa a todos aquellos que tuvieron
alguna responsabilidad en esta canallada, no tendrá credibilidad ninguna en
este asunto.
