Está ocurriendo en Sevilla, en donde ya se están produciendo señalamientos de juicios para el año 2025, algo absolutamente incompatible con un Estado democrático y de Derecho de una nación perteneciente al llamado mundo occidental.
Esto no ocurre en ninguna de las provincias limítrofes, por ello, sorprende mucho que sea en la capital andaluza donde los tiempos de espera para la celebración de un juicio laboral se sitúe en términos de espera absolutamente tercermundistas.
Imaginaos lo que va a pasar ahora, cuando terminen las ayudas de los ERTE y la crisis económica derivada el coronavirus estalle en el año próximo. Que pasará en estos ya saturados juzgados cuando en esta próxima primavera llegue el tsunami de demandas laborales consecuencia de la pandemia, cuando ya no exista el freno de los ERTE. En cuanto tiempo podrá dirimir la justicia, los despidos, los impagos de nóminas o las modificaciones contractuales.
Parece evidente, que la Justicia va a actuar muy tarde en Sevilla, algo que supondrá una clara desventaja del trabajador con respecto a la empresa que, tras tantos años, tendrá que enfrentarse a la acción judicial por demandas de sus trabajadores por situaciones del pasado lejano, y eso, pensando que la empresa siga existiendo. No sería muy descabellado pensar que, habría que dotar al FOGASA de los recursos necesarios para lo que se le va a venir encima.
No obstante, creo que todos podemos estar de acuerdo en que fijar fecha para juicio a los cinco años, lo que realmente representa es el fracaso absoluto del sistema como tal, y que supone de facto, vaciar de contenido el derecho del trabajador a su defensa, en definitiva, una gran injusticia.