Cuando el Estado, cuando el
Gobierno de España es blando con quienes tiene que ser duro, pasa lo que está
pasando, que en Cataluña continúa el desafío a la legalidad, y ya a cara
descubierta.
Nos decían muy campanudos
desde el Gobierno, que investigarían de donde sacaba el dinero Puigdemont para
pagar su exilio de lujo, de entrada, a la esposa del ex presidente de la
Generalidad, Marcela Topor, la TV de la Diputación de Barcelona la ha fichado “a
dedo” para presentar un programa de entrevistas de dos horas semanales por seis
mil euros al mes, 42.000 euros en siete meses. Hablamos de un contrato muy poco
habitual en esa cadena y que contempla una remuneración muy superior a la de
los que van a ser sus compañeros. La familia Puigdemont, se garantiza así una
buena cantidad de dinero público para financiar la huida de la justicia de tan
patético delincuente.
Pero no es solo esto, el
presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, acepta al encarcelado
Sánchez, el candidato del huido Puigdemont, como candidato para presidir la
Generalidad, toda una provocación al Estado. Los españoles de bien, esperamos
que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le permita a este preso
preventivo salir de prisión para asistir al debate de investidura, pues que la
Justicia permitiese y allanase el camino a un acusado de sedición y rebelión,
constituiría un escándalo histórico.
No sé a qué esperan nuestros
gobernantes para acabar de una vez con este cansino episodio de nuestra
historia, no se a que esperan para de una vez suspender sine die la autonomía
catalana, encarcelar, juzgar y condenar, a los sediciosos y a sus cómplices, y
disponer de años para desmontar su tela de araña y desintoxicar a la población.
