Había motivos sobrados para que el hasta ahora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dimitiera o fuera cesado, no ya por el famoso beso a una de nuestras campeonas del mundo, pero sí por tocarse la entrepierna ostentosamente en el palco de autoridades a pocos metros de nuestra reina, un comportamiento descalificante e inaceptable para el cargo que ocupaba.
Rubiales ya había protagonizado escándalos en el pasado que quedaron en nada gracias a la protección política que siempre le brindó Sánchez, no se sabe si por ser socialista o por la amistad personal que les unía. Una protección política que entonces le libró de dimitir y ahora se le niega por algo mucho menos relevante.
Lo curioso del escándalo que se ha montado sobre el beso es que ha sido alimentado directamente desde el gobierno, tanto por Pedro Sánchez como por Irene Montero y Yolanda Díaz. Y da la casualidad de que este mismo gobierno afronta algo que sí debería ser un escándalo, que no es otra cosa que su pretensión de saltarse la Constitución para conceder una amnistía a los autores del golpe separatista de 2017 y así obtener el apoyo a la posible investidura de Sánchez de dos partidos que intentaron romper nuestra unidad nacional y destruir el orden constitucional.
Los jueces serán quienes determinen si hubo delito o no. Lo que más debería preocuparnos no es que un elemento como Rubiales presida la RFEF, pues lo consiguió gracias a la ayuda de su amigo Pedro Sánchez. Lo que de verdad debería alarmarnos es que haya personas carentes de escrúpulos en nuestro gobierno, que no han dimitido ni tan siquiera han pedido perdón por cosas mucho más graves, y que son precisamente los que están promoviendo este linchamiento contra Rubiales. El verbo linchar significa «Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo». Este tipo de linchamiento lo está perpetrando ahora la izquierda con juicios populares y mediáticos en los que se pisotea la presunción de inocencia del acusado y se le condena sin esperar a que la Justicia dicte sentencia o incluso descalificando una sentencia no condenatoria. Y es que, aunque el acusado sea declarado inocente, ya es imposible reparar el daño hecho por ese linchamiento.
Y no es casualidad que precisamente dos de las promotoras de este linchamiento, las citadas ministras Irene Montero y Yolanda Díaz, sean comunistas, y que Pedro Sánchez sea un socialista que se siente muy cómodo con la extrema izquierda. No les importa pisotear las garantías procesales propias de una democracia porque tampoco les importa pisotear la propia democracia, como el gobierno de Sánchez ya ha demostrado con sus constantes ataques a la independencia judicial y sus violaciones de derechos fundamentales. Ver a las manadas de feministas radicales movilizadas contra Rubiales por un “pico”, esas que callan ante las atrocidades contra las mujeres que protagonizan los suyos, los de izquierdas, te entran ganas de vomitar.
Delincuentes ya condenados por causas mucho más graves han sido favorecidos por este gobierno de diversas formas, como a violadores, golpistas y terroristas. Los mismos que pretenden desjudicializar el golpe separatista de 2017, uno de los ataques más graves a la democracia en España desde el golpe de Estado de 1981, ahora se ha lanzado a judicializar un beso, presentando una denuncia contra él.
En mayo de 2022 dijo la prensa que Rubiales tenía grabaciones clandestinas de ministros y altos cargos del gobierno de Sánchez, será esta la explicación del alboroto que está montando el gobierno, ensuciando la victoria de la selección española en el Mundial femenino de fútbol. Lo que está claro, es que este Gobierno y todo lo que lo rodea, está de mierda hasta más arriba de sus cejas, vamos, como toda la izquierda española, gentuza sin escrúpulos, personajes deplorables como Rubiales, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz.