En cualquier democracia occidental seria, los partidos antiespañoles en los que se apoya Sánchez para seguir habitando La Moncloa, estarían ilegalizados. Que el CNI tome todas las medidas necesarias para saber lo que traman los golpistas y todos los que quiere destruir nuestra Nación, no es un delito, es su obligación. Estamos ante una simple campaña por la que los socios del Gobierno pretenden intentar derribar tres pilares del Estado «el CNI, la Casa Real y el Tribunal de Cuentas». Además, el CNI siempre debe contar con la autorización judicial del magistrado de enlace del Centro Nacional de Inteligencia en el Tribunal Supremo, ante el que debe justificar sus actuaciones
La actividad del CNI está controlada por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Toda la información que consiguen y sus actuaciones están sometidas al secreto oficial.
El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se quiere aprovechar de esta denuncia de supuesto espionaje a los independentistas porque le interesa hacer una limpieza en el CNI y cesar a Paz Esteban, una persona vinculada al PSOE, pero muy profesional e independiente.
La decisión de Meritxell Batet de incluir en la comisión de secretos oficiales a partidos independentistas, como ERC o EH Bildu, demuestran el nivel de degradación democrática al que estamos llegando.
Los diferentes gobiernos, llevan años desarmando al Estado, quitándole las herramientas legales necesarias para combatir a quienes pretenden destruirlo.