Un extrabajador de la empresa encargada de tramitar el Ingreso Mínimo Vital ha denunciado que les ordenaron retrasar los expedientes, aunque fueran correctos. Hablamos de una orden interna de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa a la que el Ministerio de Seguridad Social ha encargado la gestión de los trámites de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Es evidente, que la orden venía del propio ministerio.
El diario La Razón, ha publicado los correos electrónicos emitidos por Tragsatec a sus trabajadores en los que se dan las indicaciones para el trámite de las solicitudes y se pide que sólo contemplen tres estados para cada solicitud: «Iniciado», «requerido» y «parado».
Este escándalo sale a la luz después de conocer la ridícula proporción de solicitudes tramitadas y aceptadas del IMV en su primer conteo, del que dio cuenta el ministro del ramo José Luis Escrivá, quien señalaba que en agosto recibieron el IMV unos 80.000 hogares de los 830.000 que lo habían solicitado. Según destacó «750.000 solicitudes» están todavía sin resolver, dice porque tenían errores o se «requiere documentación», algo que es falso.
El extrabajador ha afirmado, que todos los que se negaron a cometer semejante canallada, habían sido despedidos.
Es curioso, que esta noticia que en otro país de nuestro entorno hubiera obligado al gobierno a dimitir, no ha tenido casi eco en los grandes medios de comunicación, esos que tiene comprado el Gobierno y la izquierda.
Aprobar una medida sin tener los fondos necesarios, es simplemente, engañar al pueblo, y en eso la izquierda es experta.