A estas alturas, parece incontestable que, Pablo Iglesias, está asumiendo compromisos políticos, cuyo fin último es la demolición del Estado de Derecho. Unidas Podemos va de la mano de ERC y de EH Bildu, para intentar colonizar y someter al Poder Judicial, y por supuesto, para conseguir la impunidad de los golpistas catalanes.
Iglesias ha conseguido el sí de ERC a los PGE, a cambio del compromiso del Gobierno de unos indultos inmediatos y sin demora para todos los presos condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el Golpe de Estado separatista del 1-O. Iglesias pretende que Pedro Sánchez, recurra al indulto para devolverles la libertad a Oriol Junqueras y a su banda, evitando así, los preceptivos informes del Tribunal sentenciador y de la Fiscalía. Iglesias pretende que se cometa cuasi una ilegalidad que de paso insultaría a ambas instituciones.
Pero Iglesias no se conforma con eso, también pretende que se reforme a la baja el delito de sedición antes de fin de año, haciendo la trampa de introducirlo en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. De esa manera, los órganos consultivos tampoco podrían en este caso dar su informe, y me refiero, al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal, y al Consejo General del Poder Judicial.
Pero Iglesias quiere aún más, pues pretende que, mediante una proposición de ley, que el no renovado CGPJ y de mayoría conservadora, no pueda seguir nombrando magistrados del Tribunal Supremo, pues el nuevo, con la mayoría basurienta que hizo a Sánchez presidente, tendría una mayoría izquierdista y sectaria que haría nombramientos de los suyos.
Iglesias ejerce de comandante en jefe de la horda antiespañola contra el Estado de Derecho, con el apoyo y la complicidad de Sánchez.