Tras conocerse ayer las 19
condiciones que ponía VOX para apoyar la investidura de Moreno Bonilla como
presidente de la Junta de Andalucía, el sistema partitocratico que padecemos,
montó en cólera, y puso a sus medios de comunicación a funcionar con el
objetivo de desacreditar a los de Santiago Abascal, manipulando, mintiendo y
obviando. Los partidos políticos parasitarios ven peligrar su sustento y se
lanzan en tromba con quien osa amenazarlo.
Lo curioso de todo esto, es
que VOX pretende hacer lo que siempre ha defendido, y claro está, como los
demás siempre han prometido en campaña una cosa y luego han hecho otra, pues lo
ven propio de “peligrosos ultras”. VOX ha presentado estas propuestas y ha
dicho que está dispuesto a negociar, por el contrario, recordemos que
Ciudadanos siempre ha sostenido que sus 89 puntos son innegociables.
Reproduzco a continuación
esas 19 medidas, con las que estoy completamente de acuerdo, y animo a quienes
estén interesados en que nuestra sociedad y nuestra Nación salgan de la
situación en la que se encuentran, lo lean con detenimiento.
Estas son las propuestas de
VOX, originales y completas, para la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla
como presidente de la Junta de Andalucía:
1. Declaración institucional
de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de
devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y
Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles.
Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término “realidad nacional”.
2. Declaración institucional
de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que
algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de
diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de
los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido.
3. Reducción del gasto
político y del gasto redundante:
– Reducción drástica (75%) de
las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Con el
horizonte final de lograr su completa eliminación.
– Supresión de las
subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a
la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su
naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora.
– Igualmente, supresión de la
administración paralela y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de
toda duda su utilidad pública.
– Eliminación de las ayudas
exteriores, que deben ser competencia exclusiva del Estado. Instar a los
municipios a que también cesen en estos gastos que no son de su competencia.
– Supresión de las “embajadas
comerciales” (Red Extenda) de la Junta e integración de sus funciones en el
servicio Exterior de España.
– Estudiar si existen otras
duplicidades con el Estado para su ahorro.
– Realización de una
auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos
años. Estudio jurídico para reclamar los fondos que no hayan tenido una evidente
utilidad pública.
– Realización de una
auditoria externa de las cuentas de la Junta, encabezada por persona de
reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción.
4. Rebaja fiscal:
– Bonificación al 99% del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
– Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: reducción del tipo de gravamen al
0.5% (en la actualidad es 1.5%) en los Actos Jurídicos Documentados; en las
Transmisiones Patrimoniales Onerosas reducción del tipo impositivo al 5% en las
de inmuebles y al 4% en otras transmisiones. El Impuesto del Patrimonio será
mantenido solo como instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo
impositivo.
– Simplificación de los
escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF.
Introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos. El tipo
máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%. Acabar con la
duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General de Tributos
de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía.
5. Medidas contra la
inmigración ilegal:
– Colaborar con la policía en
la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La
Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la
documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no
la comparte con la Policía.
– Terminar con el efecto
llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales.
– La Junta promoverá, en el
ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de
organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan
la inmigración ilegal.
– Evitar el “turismo
sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el
extranjero.
6. Radiotelevisión andaluza y
libertad de prensa:
– Liberalización del régimen
de concesión de licencias de radio y televisión. La regla general debe ser la
libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos
necesarios. Sólo cuando las solicitudes de licencias excedan al número de
frecuencias se establecerá un concurso con criterios calidad y de diversidad
para evitar monopolios informativos.
– Radiotelevisión andaluza:
Compromiso de reducción de costes de al menos el 50%, sin que afecte a los
sueldos más bajos. Eliminación de tres de los cuatro canales televisivos.
Garantizar su neutralidad política e ideológica.
– Supresión de organismos
públicos de control de medios de comunicación, como el Consejo Audiovisual de
Andalucía.
7. Creación de una Consejería
de Familia y Natalidad para:
– Aprobar un Plan Integral de
Fomento de la Natalidad y una campaña de concienciación de la gravedad del
invierno demográfico. Especial apoyo a las familias numerosas.
– Introducir amplias
desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos, y medidas de
conciliación trabajo-familia para los padres.
– Ampliar la red de
guarderías.
– Promover de manera
transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y
pro-natalidad.
– Prestar especial atención a
las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información,
asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto.
Asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que
la obliguen a abortar. Vigilancia del cumplimiento efectivo de la Ley de
Autonomía del Paciente, que prescribe informar sobre los riesgos de la
intervención.
– Impulsar un Plan Andaluz de
Adopción.
8. Plan de Extensión de
Cuidados Paliativos en la sanidad pública:
– Entre otras medidas,
reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria.
9. Plan para evitar la
discriminación de los andaluces que viven en otras regiones.
– Asistencia legal y
económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades
no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional.
– Asistencia de la Junta para
que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones
laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua.
10. Libertad de educación:
– La Junta garantizará el
derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral
de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello se implantará un “PIN
parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de
enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral
contraria a sus convicciones.
– Garantía de que los centros
de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos
indubitados, con especial atención a la biología.
– Se defenderá la
coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada).
– Se desistirá del
hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos
de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el
modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda
suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada.
– Reducir la disparidad de
las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de
iniciativa social. Ampliar el concierto al bachillerato.
– Libre elección de centro:
derogación de la normativa zonal.
11. Control del
fundamentalismo islámico:
– La Junta de Andalucía
colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza
fundamentalista.
– Se exigirá a las
autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión
de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia,
y poniendo especial atención en la protección de la mujer.
– Supresión de subvenciones a
asociaciones islámicas.
12. Derogación de la
«Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía» (Ley 2/2017 de
28 de marzo):
– Esta ley impone, de forma
totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo
1931-1982.
– En su defecto, supresión de
todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en
discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la
libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación.
13. Fiesta nacional y Fiesta
de Andalucía:
– El Doce de Octubre se
celebrará en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros
escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial
relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la
unidad, libertad y prosperidad de España.
– El Día de Andalucía pasará
del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la
Reconquista.
14. Ley de Protección de la
Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco
y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana
Santa, etc.
15. Ley de protección de la
tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación
económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía.
16. Derogación de la “Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género”.
– Sustitución por una Ley de
Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente
la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no
facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo
supremacista. (Especialmente, suprimir en la nueva regulación el art. 30, que permite
que la condición de víctima de “violencia de género” sea acreditada, no por
sentencia judicial, sino por: “a) Certificación o informe de los servicios
sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente; b)
Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la
Administración Pública competente; c) Certificación o informe de los servicios
de acogida de la Administración Pública competente”; cf. art. 1 bis: “A efectos
de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán
reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de
denuncia”; también los artículos que ordenan la lluvia de subvenciones a las
asociaciones clientelares, como el art. 9: “La Administración de la Junta de
Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres”, y los que
prevén un adoctrinamiento permanente sobre “perspectiva de género” a la
infancia y la sociedad en su conjunto: art. 8, art. 22, etc.).
17. Derogación de la “Ley
8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato
y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”.
Los derechos de las personas
de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la
Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La
Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el
derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la
Administración y a recibir subvenciones.
18. Derogación de la “Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía”:
Esta ley interviene totalitariamente
en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las
mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio
50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La
igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es
necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios,
etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género” (algunos, previstos
en esta Ley andaluza de Igualdad; otros, en la Ley andaluza de Violencia de
Género).
19. Vox declara que no
prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto
y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y
libertades. (ley 12/2007, ley 13/2007 y ley 8/2017).
