El comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a más de 1.300 jueces, es claro y rotundo, pues se ha pronunciado en contra de la amnistía anunciada por el gobierno, denunciando que es «situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, rompe las reglas de la Constitución de 1978 y vuela por los aires el Estado de Derecho».
La asociación que con diferencia a más jueces representa, recuerda que «los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017», que ahora el gobierno pretende borrar y dejar impunes con la amnistía que negocia con sus aliados separatistas, fueron «hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles».
Además, la APM deja meridianamente claro que una ley de amnistía «no es admisible en la Constitución Española de 1978», y además «deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el engañoso mensaje de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos», y «quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes».
No podemos olvidar que la Asociación Profesional de la Magistratura nació con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del Poder Judicial, por la defensa de los principios reconocidos en nuestra Constitución y para preservar el Estado de Derecho, con pleno respeto a la separación de poderes y al imperio de la ley.
Este pronunciamiento se ha producido porque en los próximos días, nuestro infame presidente, presentará una iniciativa legislativa con el fin de conceder la amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles.
Hablamos de una norma legal, cualquiera que sea la denominación que le dé el amoral de Sánchez y todos sus antiespañoles socios, que exonera a 4.000 delincuentes de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas, algo inasumible por una democracia plena. Y no olvidemos que, a la vez, muchos de los agentes del orden que cumpliendo órdenes combatieron el Golpe de Estado, sí que van a ser juzgados por ello, el mundo al revés.
Sánchez, deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el terrible mensaje de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Es una pena que la ciudadanía española no sea consciente de la gravedad de lo que está sucediendo, posiblemente narcotizada por esos medios que los engañan a diario para hacerle más fácil a Sánchez, el que les paga, perpetrar su traición.