En 2017, en España se dio un golpe de Estado llevado a cabo por los separatistas catalanes que componían su gobierno autonómico, un brutal ataque a la convivencia entre españoles financiado con dinero público y que se hizo paralelamente a altercados violentos programados por estos traidores. Ahora, como Pedro Sánchez necesita los votos de esos mismos partidos separatistas para mantenerse en la presidencia, pretende borrar los delitos cometidos y dejar impunes a delincuentes violentos, transmitiendo la idea de que el gobierno y sus aliados están por encima de la ley y pueden anular a su antojo las sentencias firmes de los tribunales.
Por mucho que los socialistas mientan con descaro intentando blanquear esto, la amnistía anunciada por Sánchez no favorece la convivencia, sino que la amenaza gravemente, al transmitir la idea de que los españoles ya no somos iguales ante la ley. La sola idea de que hay españoles que pueden cometer delitos sin que haya consecuencias, simplemente porque el gobierno les ha concedido un privilegio del que carecemos los demás, es absolutamente letal para nuestro sistema democrático. Con esa medida, Sánchez convertirá nuestro Estado de Derecho en un Estado de abuso, en el que las normas de convivencia se aplican o no dependiendo del interés personal del presidente del gobierno o del interés particular de su partido.
La amnistía que pretende perpetrar Sánchez es una injusticia escandalosa y un ataque a las bases de la democracia, que no puede existir si la ley no es igual para todos y si unos gozan del privilegio de cometer delitos y no sufrir ningún castigo por ello. Pero eso, si a los ciudadanos de a pie nos pueden multar por ir más rápido de la cuenta en nuestro vehículo o sancionar duramente por cualquier olvido fiscal, si no pagamos la multa, el Estado jamás se apiadará de nosotros. ¿Con qué derecho las autoridades impondrán sanciones por cualquier infracción menor a un ciudadano mientras borran los graves delitos de sus criminales aliados?
Pedro Sánchez, su banda y sus cómplices, están tan preocupados de su interés particular, que parecen no darse cuenta de que una medida tan descaradamente abusiva sólo puede provocar el enfado de millones de españoles, un enfado especialmente fuerte cuando vemos que el gobierno actúa con una actitud suplicante ante un grupo de delincuentes mientras trata implacablemente a cualquier español que se salte aunque sea solo un poco cualquier ley o norma menor.