Cuando parecía que el Partido Popular había dejado atrás sus dudas con la “prioridad nacional” promovida por VOX, incluida una encuesta a votantes de todo el espectro político para validar su posición, quienes van por libre, continúan haciendo la guerra por su cuenta. Me refiero a los dos líderes autonómicos del PP que gobiernan con mayoría absoluta, Moreno Bonilla y Ayuso, quienes han dejado clara su total oposición a la inclusión en los acuerdos de Gobierno de medidas que ¡atención a la barbaridad! puedan facilitar la discriminación de un sector de la población, la no española. Y todo ello, en pleno proceso de negociación con VOX en Aragón y en Castilla y León. Flaco favor les hacen a sus compañeros de partido.
El más vehemente e irresponsable está siendo el presidente andaluz, Moreno Bonilla, quien lleva meses renegando de la posibilidad de pactar un Ejecutivo de coalición con Vox, quien sigue intentando atraer a votantes del PSOE para que le otorguen esa mayoría absoluta que sueña con revalidar, evidentemente, con propuestas de izquierdas y que emanan de ese pin que al igual que Sánchez luce a veces en su solapa, el de la Agenda 2030. Lo que Moreno Bonilla está perpetrando, es una traición a los españoles en general y a los andaluces en particular.
El actual “Estado del Bienestar” es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos. Sin embargo, dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar su calidad y eficacia.
A ello se suma un problema aún mayor, que ha provocado el colapso de esos servicios públicos y que ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar, la inmigración masiva y descontrolada. Estamos ante una transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos del bipartidismo, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva.
Las consecuencias de esta deriva han sido tan evidentes como alarmantes. La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha contribuido al deterioro de la seguridad ciudadana y a la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia en nuestros barrios y pueblos.
De otra parte, más allá de este deterioro creciente de la seguridad, y de factores como el estancamiento persistente de los salarios reales, los evidentes problemas de integración, y la saturación de los servicios y recursos públicos, concurre asimismo una grave situación de emergencia habitacional que agrava aún más este escenario y que está teniendo un impacto directo en la capacidad de atender las necesidades de los españoles. Una parte importante de los beneficiarios de ayudas al alquiler corresponde a población de origen extranjero, mientras amplios sectores de españoles ven reiteradamente frustrado su acceso a dichas prestaciones, pese a ser quienes, con su esfuerzo, sostienen el sistema.
La llegada masiva de tantos inmigrantes en tan poco tiempo está unida a la disminución de la población autóctona, causando una sustitución progresiva y premeditada de la población de España. Proceso que se ha visto reforzado por un sistema legal que no solo ha permitido, sino que en la práctica ha favorecido la llegada masiva de población extranjera, imponiendo simultáneamente a los españoles la carga de sostener sus consecuencias. De este modo, quienes con su esfuerzo contribuyen al sostenimiento del Estado han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio.
Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral, conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva. Y políticos “miserables” como Moreno Bonilla ejercen de colaboracionistas.
Resulta inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.
Por todo lo expuesto, se hace imprescindible llevar a cabo políticas públicas de “prioridad nacional”. La preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política. No se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno, atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional. Esta prioridad no es sino la expresión de un compromiso social arraigado en la idea de pertenencia y en la obligación de proteger a los más vulnerables entre los propios.
Toda familia andaluza que necesite una ayuda, todo joven andaluz que necesite una vivienda para llevar a cabo su proyecto de vida debe saber, que el candidato del PP, Moreno Bonilla, se ha convertido en su principal enemigo al dejar claro que ayudará antes a los que acaban de llegar y no han contribuido nunca, que a los nuestros, que a los andaluces de a pie.
Hay que castigarle en las urnas el mes que viene