El Gobierno de Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias, anunció el pasado lunes, que van a prohibir los desahucios
por impago del alquiler «en zonas de mercado tensionado y en casos que
tengan relación con fondos buitres» y se desató el pánico en el sector.
A falta de detalles sobre
cuáles serán las viviendas realmente afectadas y si habrá un perfil de
inquilino concreto al que no podrán echar sus legítimos dueños o, por el
contrario, será una barra libre para todos los alquilados, la incertidumbre se
ha adueñado del sector.
Entiendo que este cambio
legal afectará solo a las propiedades de los grandes tenedores, propietarios de
más de diez pisos, ya que, si no, entiendo que sería inconstitucional. Si se
extendiera la prohibición de desahuciar también a los particulares, nadie en
España pagaría el alquiler. Hay que dejar claro, que solo el 3% del mercado del
alquiler está en manos de esos grandes tenedores, por lo que su responsabilidad
respecto a los precios es muy limitada.
Este tipo de iniciativas,
demonizan al propietario y espantan a las empresas que están apostando por el
modelo de alquiler en nuestro país. Siempre hemos sido un país de propietarios
y no tiene sentido que los políticos carguen contra quien promueve el alquiler
cuando ellos mismos no son capaces de facilitarlo. Lo único que puede bajar el
precio de los arrendamientos es aumentar la oferta. No hay más.
Con esta medida, Podemos,
castiga como hace siempre, al inquilino menos solvente, al más pobre, pues se exigirán
muchas más garantías, se mirará con lupa al que pretenda alquilar un piso.
