La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 para que Argentina no investigase posibles crímenes cometidos durante el franquismo. Dicha orden ha sido invalidada con una nota informativa, interna e irregular, distribuida en pleno verano el pasado 4 de agosto y que no rebate los argumentos jurídicos que se expusieron entonces.
Delgado ha puesto «a la Fiscalía al servicio de la Memoria Histórica» para que la juez argentina, María Servini, interrogue a Rodolfo Martín Villa por varias muertes que se produjeron en España entre los años 1976 y 1978, cuando era ministro del Interior. Esta juez pretende abarcar, el período comprendido entre 1936 y 1977, en una especie de causa general de hechos que fueron amnistiados y que estarían claramente prescritos.
Perplejidad y estupor, es lo que ha causado la decisión de Delgado en el Ministerio Público, por el fondo y la forma. Es inaudito que la Fiscalía española, que no puede investigar unos supuestos delitos en España, al haber sido amnistiados, quiera colaborar con otro país para que dichos delitos sean investigados por ellos.
Hay sospechas, de que en la causa que investiga la juez argentina Servini «pueda salir beneficiado de alguna forma el despacho de abogados del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón», inhabilitado tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo e íntimo de nuestra Fiscal General. Recordemos que Garzón fue juzgado también en el Supremo por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo.
En resumen, unos supuestos crímenes cometidos por españoles en España, que la Transición amnistió, y que en todo caso habrían prescrito, nuestro Gobierno autoriza a otro país a juzgarlos. De locura.