Con el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, Pedro Sánchez y sus socios, comunistas, separatistas y proetarras, todos antiespañoles, pretende dar otro paso más en su intento de desarmar todo lo posible al Estado y privarle de los instrumentos necesarios para combatir a quienes pretender destruirlo.
Actualmente solo existen dos categorías de clasificación, secreto y reservado, y su declaración solo corresponde al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, pero si llegara a buen fin este intento, se ampliarían de dos a cuatro las posibles clasificaciones y serían, alto secreto, secreto, confidencial y restringido, y se dispararía el número de organismos que pueden clasificar la información, entre ellos, las autoridades autonómicas competentes en materia de policía por tener cuerpos policiales propios, es decir, los separatistas gobiernos, catalán y vasco, podrán clasificar como de confidencial documentación que los pueda implicar en movimientos que amenacen o perjudiquen gravemente los intereses de España, desde su soberanía e integridad territorial, hasta la seguridad y defensa nacional.
Y algo gravísimo, en el caso en que un juez requiriese dentro de una investigación un documento clasificado por estos gobiernos autonómicos “golpistas”, tendría que dirigirse previamente a solicitárselo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el Gobierno podría oponerse y la Sala de este Alto Tribunal tan politizado, tras revisar el documento, decidiría.
Sánchez sigue legislando para cargarse la democracia y la legalidad constitucional nacida en el Transición. Todas las leyes aprobadas, desde Zapatero hasta Sánchez, deben ser derogadas ¿Alguien lo duda?