En la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera ha sucedido algo que recuerda a los tristes acontecimientos de la España de 1936, y que deja meridianamente claro, que los comunistas españoles, que los actuales podemitas, han sido incapaces de evolucionar, son copias casi calcadas de aquellos a los que solo les guiaba el odio anticatólico.
Sin haberlo aprobado en un pleno municipal, sin contar con el obligado proyecto competente al actuar en un entorno declarado Bien de Interés Cultural, y aduciendo la mentira de que se cumplía con la Ley de Memoria Histórica, la alcaldesa comunista de Aguilar de la Frontera, ordenó desmontar y retirar la Cruz que desde 1938 estaba situada junto a la Iglesia de las Carmelitas Descalzas, una cruz en la que no figuraba ninguna inscripción, y que por lo tanto, no incumplía la ley aducida por la sectaria regidora del municipio cordobés.
De nada sirvió que un grupo de vecinos rodeara la cruz para impedir que se perpetrara la sectaria cacicada de Carmen Flores, la alcaldesa. Mientras los operarios cortaban la base de la cruz con una radial, un nutrido grupo de vecinos proferían gritos de repulsa por lo que se estaba llevando a cabo, y otros, entonaban cánticos eclesiásticos.
Lo que ha ocurrido, es tan grave, que el colectivo Abogados Cristianos, acusa a la alcaldesa de los delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio, por lo que pedirán para la alcaldesa que sea inhabilitada para ejercer cargo público.
En un país como España, en el que cuando el CIS ha preguntado sobre las creencias religiosas de los ciudadanos, tres de cada cuatro se consideran católicos, independientemente de que sean o no practicantes, un cargo público no puede atentar contra las creencias de la mayoría guiado únicamente por su visceral odio contra la Iglesia.