Pablo Iglesias, líder de los comunistas de Unidas Podemos, pese a haber llegado ya a un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, sigue negociando con Pedro Sánchez e insistiéndole, para que la actual prohibición para llevar a cabo desahucios, que finaliza el 31 de enero, se prolongue en el tiempo.
Pese a que los de Iglesias no tienen competencias en las cuestiones de vivienda, han hecho de este asunto uno de sus principales caballos de batalla. Podemos, EH Bildu y ERC, pretenden que se paralicen los desahucios y los cortes de suministros hasta 2022.
Me parece vergonzoso que, a estas alturas, el ministro Ábalos, le pida a las distintas CCAA que trabajen en dar alternativas habitacionales a aquellas personas que no pueden hacer frente a su arrendamiento. Y digo que me sorprende, porque mientras que desde 1961 a 1975, el Franquismo construyó 4.080.619 viviendas sociales, desde el comienzo de nuestra Democracia solo se han construido, menos de 250.000 viviendas sociales.
Ante estos contrastados datos, parece evidente que, para nuestros gobernantes, lo importante no era que todos sus nacionales tuviesen un techo digno. Para ellos era mucho más importante destinar ingentes fondos destinados a ir desarrollando ese ruinoso Estado Autonómico que padecemos. Ya sabéis, crear estructuras administrativas improductivas y perfectamente prescindibles en los que colocar y enchufar a toda esa legión de correligionarios, de sanguijuelas. Y ahora, pretenden arruinar a esos propietarios a los que, en la mayoría de los casos, les ha costado, esfuerzo, sudor y lágrimas, hacerse con un patrimonio inmobiliario. De vergüenza.