La diarrea legislativa de este infame Gobierno es tal que, a este paso, la estructura legal del Estado que llegue a las elecciones generales, muy poco se parecerá a la que había antes de Sánchez. Los socialistas están convencidos de que, si Feijóo llega a ser presidente a fin de año, no derogará ninguna de sus leyes ideológicas. Socialistas, comunistas, separatistas y proetarras, cuentan con que la ya tradicional cobardía del PP se impondrá y que nos dirán que se limitan a gestionar bien, para recuperarnos del desastre económico que nos han dejado la pandilla de descerebrados que nos mal gobiernan, pero confío en la sensatez de los españoles de bien y que no permitan que este gallego nos haga “otro Rajoy”, siendo conscientes de que solo la presencia de Abascal y los suyos en ese futuro gobierno, será garantía de que desde el primer minuto se deroguen todas las leyes ideológicas aprobadas por el PSOE desde Zapatero.
La última ha sido la nueva Ley de Vivienda, esa en la que los que no reconocen el derecho a la propiedad privada, reconocen el supuesto derecho a la vivienda. El comunismo del siglo XXI ya no dice como el bolivariano Chaves “exprópiese”, ahora dicen “intervéngase”.
Los que nunca protegen los derechos del dueño de una vivienda, de hecho, los que alientan la okupación y protegen a los delincuentes que la perpetran, ahora nos dicen que el Estado garantizará una vivienda en los términos que considere oportunos a todas las personas, que ya no tendrán casa propia, sólo derecho a casa, razonamiento propio de la extinta URSS.
Por lo que deduzco que cualquiera puede tener derecho a ocupar casas ajenas, nadie tiene derecho a cobrar lo que le parezca oportuno ni el inquilino a pagar lo que quieren cobrarle, sino que ambos se sujetarán a los precios de alquiler que el poder político vea oportunos. El precio justo de las cosas es el que diga el Gobierno, sin que el mercado y la libre concurrencia, de compradores y vendedores, sea lo que se tenga en cuenta a la hora de que se acuerde un precio.
El resultado va a ser catastrófico, muchos propietarios ya no alquilarán sus viviendas, habrá menos pisos para el mismo número de demandantes de vivienda y se encarecen los precios, sobre todo, en lo referente a las viviendas más económicas.