Con la excusa de luchar contra la “desinformación”, nuestro Gobierno social-comunista crea una especie de “Comisión de la Verdad” que atenta contra una de las libertades públicas más fundamentales, la libertad de expresión. Hablamos de un ente, dirigido por dos cargos públicos de la máxima confianza de Sánchez, por lo tanto, no imparciales.
Este Gobierno se erige en juez y parte de lo que es verdad o no, y nadie duda que utilizará un instrumento legal tan sectario en su beneficio. Con la excusa de protegernos contra las “fake news”, combatirán todo lo que vaya encaminado a refutar y combatir su “pensamiento único”, esas ideas tóxicas y destructivas que pretenden imponer en nuestra sociedad.
Desde ahora, Sánchez, Iglesias y toda esa jauría antiespañola que le mantienen en La Moncloa, serán los encargados de decidir que es la “verdad absoluta”, que evidentemente, siempre será la de ellos.
Quienes nos mal gobiernan, asestan un nuevo estacazo a ese régimen de libertades del que, aunque imperfecto, disfrutábamos hasta que el amoral Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Un Gobierno nunca es independiente, por ello, nunca va a penalizarse a sí mismo por sus mentiras. Un Gobierno, ni es un organismo regulador ni un árbitro, al ser parte del juego político.
Las líneas rojas, de los medios de comunicación y sus periodistas y las propias RRSS y sus usuarios, solo debe ser el Código Penal, solo deben responder ante la Justicia por lo que viertan en esos medios. Todo lo demás, como lo que acaba de perpetrar este Gobierno de vocación totalitaria, es pretender tener el control absoluto y totalitario de la información, es lo que siempre se llamó “Censura”.
SON LOS POLITICOS QUINES DEBEN ASUMIR ESTE RETO CON ONRRADEZ