Cerca
de 500 alcaldes independentistas de municipios catalanes mostraron
ayer su apoyo a quienes encabezan la sedición en Cataluña,
mostrándose así dispuestos a saltarse la ley el próximo 1 de
octubre.
Estos
alcaldes, mostraron así su compromiso con la Generalidad de Cataluña
para ceder locales y espacios públicos en aquellas localidades en
las que gobiernan para que la organización del referendum los puedan
utilizar como colegios electorales. Es curioso, pero el texto en el
que se comprometen a esa cesión, solo ha sido firmado por algunos
alcaldes de ERC y la CUP, al resto parece que les daba cierto “yuyu”
firmar, supongo que por las consecuencias legales que les puede
acarrear.
Todos
estos alcaldes, han respondido a la convocatoria realizada por la
Asociación de Municipios por la Independencia y por la Asociación
Catalana de Municipios.
Conviene
dejar claro, que prácticamente ninguno de los alcaldes de las
poblaciones más pobladas de Cataluña estuvieron presentes. Allí
estaban solo representados municipios de la Cataluña profunda y
rural, principalmente, quienes representan a un tercio de los
catalanes.
Lo
que se suponía era un acto en defensa de la celebración del
referendum, pronto se transformó en un evento de apoyo a la secesión
con continuos ataques a la democracia española, en el que se atrevió
a decir Puigdemont que “España nos tiene miedo”. Aunque mas bien
diría yo, que el que parece tenerles miedo es, Mariano Rajoy.
La
única respuesta a este nuevo desafío, ha sido la de que la
Delegación del Gobierno denunciará a los consistorios que colaboren
en la consulta ilegal. Para mí, esto tiene muy mala pinta, pues esas
denuncias se las pasan por sus bajos los sediciosos.
Nuestro
Gobierno olvida, que no tiene la capacidad de actuar o no, que tiene
que hacer cumplir la legalidad, si o si. Mientras más tarde se
actúe, más graves serán las consecuencias, y si ocurriese como en
el 9-N, donde el Gobierno permitió la celebración del referendum
ilegal tras afirmar que lo impediría, yo propongo como primera
medida “linchar a Mariano”, políticamente claro está, echarlo
de la política y mandarlo “a su puta casa”, pues seguro que
encontramos a otro presidente que sea capaz de cumplir y hacer
cumplir las leyes, y lo más importante, que sea capaz de restablecer
la legalidad constitucional.
