Grave cesión de Sánchez al feminismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez,
acaba de politizar por decreto la custodia de los hijos en las denuncias por
machismo, acaba de perpetrar una nueva barbaridad para contentar a sus
votantes.

Ha decidido, ordenar por Real
Decreto incluso modificaciones de leyes orgánicas con el fin de dar voz y voto,
a los servicios sociales y hasta a los propios ayuntamientos, en la
certificación de la veracidad de acusaciones, ni siquiera denuncias, de
supuesta violencia de género.

A partir de ahora, el padre
estará desprotegido, no podrá defenderse al no haber ningún proceso judicial planteado,
se podrán dar por buenas las denuncias y modificar custodias cautelarmente
según la exigencia de la mujer denunciante.

Esta aberración jurídica se
decidió en el último Consejo de Ministros y ha entrado en vigor el 5 de agosto.
La norma en cuestión, que tendrá profundas consecuencias en el tratamiento de
las denuncias por supuesta violencia de género, es el Real Decreto-Ley 9/2018, de
3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género.

Hablamos de que empleadas
públicas no judiciales de claro perfil feminista, incluso activistas radicales
feminazis, decidirán sobre las acusaciones de violencia de género contra el
padre. Cualquier servicio social municipal puede actuar contra un indefenso
padre.

Pedro Sánchez, abre la puerta
a toda una catarata de arbitrariedades que de inmediato van llevar a cabo
funcionarios no judiciales bajo el argumento de la urgencia por los datos de
“mujeres asesinadas en 2017”.

Por el solo hecho de que una
mujer acuse a su pareja ante los servicios sociales de su municipio, ya se la
va a considerar víctima y a el maltratador, ella va a acceder a todos los
beneficios sin haber demostrado nada, y él, al no intervenir ningún juzgado, estará
absolutamente indefenso.

Este Gobierno, en lugar de
reforzar la dotación policial, fiscal y judicial para proteger a las mujeres y
tramitar con celeridad las alertas policiales y advertencias de los fiscales,
prefiere diezmar los derechos a una tutela judicial efectiva de los futuros
acusados a los que pasa a considerar culpables de crímenes pasados.

En resumen, que también los
ayuntamientos podrán certificar la violencia de género e intervenir sin
mediación judicial, la Dictadura Feminista avanza imparable.