Rocío Marcos Ortiz, interventora
general de la Junta de Andalucía entre abril de 2010 y mayo de 2012, persona
con 33 años de experiencia en la gestión del gasto público en la Administración,
ha declarado en el juicio del fraude multimillonario de los ERE, y lo ha dejado
todo muy claro.
Ha afirmado, que se conocía
desde 2005 “de forma clara y palmaria” que se estaban dando ayudas “fuera de
control”, y que ese mismo año, la Intervención General emitió un informe
adicional al informe definitivo de auditoría del ejercicio 2003 que concluía
que se estaba prescindiendo del procedimiento que la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía marcaba para la concesión de subvenciones.
Después de 2001, la Dirección
General de Trabajo se dedica a conceder las ayudas, pero se pagan a través de
un ente instrumental al que mandaba el dinero “irregularmente” mediante la
figura de las transferencias de financiación, de esa manera, el Régimen
socialista dejaba fuera de la mirada preventiva de los interventores el dinero
público, porque de esa manera, no había fiscalización previa, es decir, no se
podía seguir el rastro a los fondos para cerciorarse que ellos llegaban a donde
debían hacerlo.
La conclusión es fácil, una
Junta de Andalucía en poder del PSOE, creó un sistema, creó una trama criminal,
destinada a que 800 millones de euros de dinero público fuesen a parar a
empresas de sus amiguetes, y además, introducir “intrusos amigos” en los
listados de las prejubilaciones de unas empresas en las que ni siquiera habían
trabajado en toda su vida.
Parte de ese dinero sirvió
también, para financiar ilegalmente al propio partido, para enriquecer a
dirigentes socialistas y mediadores de distinto pelaje, y sobre todo, para
mantener llenos los pesebres andaluces de voto cautivo.
Si se aplicara en este caso
la misma vara de medir que en la Gurtel madrileña del PP, no habría cárceles
para meter a tanto socialista.
