La organización territorial que nos dimos en la Transición, en nuestra Constitución, la España autonómica, nos han dejado una comunidad política dividida en 17 reinos de taifas, un enorme caos administrativo donde las absurdas duplicidades y triplicidades ayudan a arruinarnos, y un país, sobre todo, sumamente desigual, con ciudadanos de primera y de segunda categoría en función de su lugar de nacimiento, con una evidente desigualdad en el ejercicio de derechos o el disfrute de oportunidades.
El Estado autonómico también se ha convertido en enemigo de la rica diversidad de España, atacando la pluralidad provincial y comarcal y tratando de homogeneizar territorios artificialmente. Solo una España sin distinciones ni fronteras internas es la mejor garantía de prosperidad y bienestar para todos. Un Estado al servicio de la unidad que fortalezca los vínculos entre españoles, favorezca la solidaridad entre personas y entre territorios, garantice el funcionamiento óptimo de la administración y vele por el bien común.
Lo eficaz y lo aconsejable sería, la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica, como paso previo a la creación de un estado unitario, administrativamente descentralizado, que promueva la igualdad y la solidaridad entre españoles. Y por supuesto, la supresión de privilegios legales amparados en supuestos “derechos históricos” que provocan desigualdad entre territorios. No reconocer esta gran verdad es pretender defender oscuros intereses.