El irreflexivo respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la liberación de las patentes de las vacunas contra el covid-19 ha desatado una crisis de primera magnitud entre el gobierno norteamericano y una industria farmacéutica que ha visto cómo sus acciones sufrían fuertes caídas en bolsa.
Fueron los gobiernos de India y Sudáfrica quienes empezaron a promover la liberación de las patentes. Ahora, un centenar de países presionan para conseguirlo.
En 2020, los laboratorios farmacéuticos multiplicaron su presupuesto de investigación. Ahora, las empresas del sector se enfrentan a la posible liberación de las patentes, una decisión que golpearía duramente sus cuentas de resultados, reduciendo drásticamente el retorno obtenido por una labor de investigación.
Es lógico que quien descubre un nuevo fármaco, tras tiempo y muchos fondos empleados, disfrute de años vendiéndolo en exclusiva para así rentabilizar su investigación, si se decide penalizar a quienes encontraron la solución ¿qué sentido tiene movilizar todos los recursos posibles ante un reto futuro que vuelva a exigir el descubrimiento de soluciones rápidas y certeras contra una crisis tan grave?
Solo el 10% de los ciudadanos del mundo vivimos en países que protegen adecuadamente la propiedad intelectual. Sin embargo, estos países generan el 50% del PIB mundial. Tumbar las patentes de las vacunas golpearía a quienes más han hecho para acabar con el covid-19, de modo que es una medida injusta que, además, introduciría incertidumbre y riesgo en todo el proceso de investigación sanitaria en el momento menos indicado.