La casi cuarentena de dirigentes golpistas catalanes a los que el Tribunal de Cuentas les reclama unas fianzas que llegan a los 5,4 millones de euros, disponen de patrimonio suficiente para hacer frente a su responsabilidad, eso sí, gracias al saqueo de las arcas públicas catalanes durante casi medio siglo de autonomía. Por ello, que el presidente catalán y su gobierno, hayan obligado al Instituto Catalán de Finanzas a hacer frente a esa cantidad, es inadmisible y es un acto ilícito.

No se puede malversar dinero público desde un gobierno regional, y cuando se te condena por ello, los segundones que tú has dejado en tu lugar vuelvan a incurrir en malversación pagando con el dinero de todos los catalanes tu fianza privada. Aquí la gran pregunta es, si los consejeros del Tribunal de Cuentas y los fiscales, van a aceptar la trampa legal, esa fórmula ideada por la Generalidad catalana para beneficiar a unos delincuentes, o cumpliendo con su obligación jurídica, la van a rechazar. Admitirlo sería un desprecio a la ciudadanía y lo harían solamente en clave de no molestar al infame de Sánchez y no sufrir sus represalias.

Ni siquiera ya, la Asamblea Nacional Catalana u Ómnium, han sido capaces de recaudar esa cantidad entre sus desmovilizados y desmotivados adeptos, esos que lucían los lazos amarillos en sus solapas. Lo han intentado, pero ha sido un estruendoso fracaso.

Es muy peligroso lo que está sucediendo, pues parece que nos estamos acostumbrando a todas las barbaridades que se están cometiendo desde el poder político y judicial, y por supuesto, desde los dependientes medios de comunicación. Los malos siempre logran sus objetivos si los buenos no hacen nada para impedirlo.

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