El caso de corrupción de UGT
Andalucía está en peligro por el juicio contra el empleado del sindicato que lo
destapó. Teniendo en cuenta que una Directiva de la Unión Europea le protege
por denunciar corrupción, el juicio a Roberto Macías por un delito
de revelación de secretos, no debería celebrarse, pues él, lo único que hizo
fue destapar la trama de facturas falsas presentadas por la federación andaluza
de UGT para «justificar» las subvenciones destinadas a cursos de
formación concedidas por la Junta de Andalucía.
UGT se querelló contra él en
2013 acusándoles de filtrar a los medios de comunicación facturas falsas y las
supuestas pruebas de la existencia de una caja B en el sindicato. La
declaración de Macías fue clave para que el Juzgado de Instrucción nº 9 de
Sevilla imputara a los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, Manuel
Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su “participación directa” en la
presunta «financiación ilícita» del sindicato.
La organización sindical
solicita para él cuatro años de cárcel y 60.000 euros por los «daños
morales» ocasionados a UGT Andalucía. Y lo más increíble, la propia
Fiscalía Anticorrupción que investiga en paralelo el caso de corrupción en el
sindicato que denunció Macías reclama 3 años de prisión para él. Ambas partes
le acusan de copiar 22.500 archivos de la carpeta
«compras-confidencial» del servidor informático de la central
sindical el 7 de noviembre de 2012, entre los que había facturas de diversos
proveedores.
Estamos ante la prueba que
demuestra que, en España, no solo no se persigue la corrupción, sino que se
persigue al que la denuncia. Roberto Macías hizo una heroicidad, si ahora es
condenado, nadie desde ahora denunciará la corrupción, simplemente miraran
hacia otro lado.
Y por supuesto, el nuevo gobierno andaluz de los cobardes, PP y Cs, no mueven ni un dedo para ayudar a Roberto Macías.
