Todo Estado democrático está dotado de herramientas o frenos legales que se pueden utilizar cuando se pudiese producir abuso de poder por parte de algún gobernante. A nuestra Constitución del 78 la dotaron de esos frenos, pero desde entonces, el PSOE por acción y el PP por omisión, han contribuido a la degradación de nuestra democracia y a nuestra peligrosa deriva hacia el autoritarismo.
La Constitución de 1978 estableció tres importantes mecanismos para frenar abusos de poder. El primero es de carácter individual, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), que tiene como fin frenar posibles violaciones de derechos por parte de ciudadanos. El segundo es el recurso de inconstitucionalidad, con el cual 50 diputados o senadores pueden recurrir leyes al Tribunal Constitucional si consideran que violan la Constitución. El tercero es la cuestión de inconstitucionalidad, que es similar al recurso, pero impuesto por un juzgado o un tribunal. El Artículo 165 de la Constitución remitió el funcionamiento del Tribunal Constitucional a una ley orgánica. De este modo, se dejaron las llaves de los frenos a los abusos al poder en manos de quienes podían cometerlos.
En 1982, el PSOE vio cómo eran recurridas y paradas seis de sus aberrantes leyes ideológicas y decidió aprobar una Ley Orgánica para cargarse esa posibilidad de “recurso previo de inconstitucionalidad” porque les estorbaba, desde entonces, la izquierda ha aprobado leyes que cercenan nuestros derechos fundamentales, la derecha las recurre, pero la ley se aplica mientras el TC se lo toma con mucha calma, como con la Ley del Aborto, que van ya doce años sin pronunciarse.
El PP, pese a las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy, nunca mostró voluntad política de recobrar esa necesaria herramienta, por ello es culpable por omisión.
En 2020, Vox propuso recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad. El 10 de diciembre de 2020, Vox presentó una proposición de ley orgánica para recuperar ese freno a los abusos de poder. A día de hoy, dos años después, esta iniciativa aún no ha sido votada en el Congreso, cuya Mesa está controlada por el PSOE y por sus aliados comunistas de Podemos.